El pasado 30 de diciembre, el Gobierno del Mariano Rajoy anunció su primer paquete de medidas económicas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para corregir el déficit público; y este miércoles ya es una realidad. El Congreso de los Diputados, en sesión extraordinaria, ha aprobado con 197 votos a favor, 138 votos en contra y 4 abstenciones el Real Decreto Ley con el que se espera ahorrar en torno a 15.000 millones de euros: 8.900 gracias a un acuerdo de no disponibilidad de gasto y 6.100 millones que obtendrá por la subida de varios impuestos, como el IRPF y el IBI. El objetivo: cumplir con el acuerdo de déficit alcanzado con Bruselas del 4,4% para la primera mitad del 2012.

El Gobierno ha contado en el Parlamento con el único apoyo de CIU para aprobar estas medidas “urgentes, excepcionales y necesarias” -en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy-, con las que el Ejecutivo pretende “garantizar que el sector público español inicie una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la deuda y déficit públicos”, según reza en el Boletín Oficial del Estado. Los catalanes han sido los únicos que finalmente han decidido apoyar al Gobierno por "rigor presupuestario, coraje y valentía política", en palabras del diputado de Convergencia Josep Sánchez i Llibre, quien ha asegurado que "CiU es europeísta y consciente de los deberes que la UE se ha impuesto", aunque ha admitido que no está de acuerdo con todo, como por ejemplo, con el incremento del IBI.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy considera "muy importante" el apoyo de CiU. Según han indicado fuentes gubernamentales, "este es el primer fruto y la primera muestra de las complicidades" que el presidente del Gobierno aseguró en su debate de investidura que iba a buscar entre todas las formaciones políticas. Claro que este apoyo no ha sido gratuito. No es un secreto que Rajoy ya se lo pagó cuando respaldó las medidas económicas de la Generalitat catalana.

En contra de este "tijeretazo" se ha posicionado, como era evidente, el grupo parlamentario socialista. El PSOE ha criticado duramente la norma porque considera que plantea recortes "injustos", "ineficaces" y, además, resulta "contradictoria" con las medidas que Rajoy presentó durante el Debate de Investidura de hace tres semanas, en especial en lo referente a la subida de impuestos. En esta misma línea se han manifestado el resto de formaciones opositoras a las medidas.

El PNV se ha opuesto a los recortes y a la subida de impuestos del Gobierno porque considera que son medidas difíciles de asumir y que redundarán en mayor paro. UPyD también ha denegado su apoyo al
Gobierno. Y por su parte, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha negado el apoyo de su grupo al decreto porque considera que los trabajadores van a pagar cuatro de cada cinco euros de la subida impositiva. Lara ha acusado al Gobierno de imponer las medidas dictadas por la patronal. "La banca siempre gana y los directivos, más", ha afirmado para criticar la falta de medidas fiscales dirigidas al capital y antes de lamentar los recortes en investigación.

No había lugar a las sorpresas

La mayoría absoluta del Ejecutivo 'popular' en el Congreso no daba lugar a sorpresas de última hora. Quizás sea este el motivo por el que Rajoy no ha comparecido en el Congreso para explicar estas medidas, pese a la petición expresa de varios grupos parlamentarios. Aún así, si admitió este martes en su primera entrevista como presidente del Gobierno concedida a la agencia EFE, que lo primero es seguir reduciendo el déficit público. De hecho, y siguiendo la expresión que usó en su día la vicepresidenta, el 'popular' ha dicho que esto es sin duda “el inicio del inicio”. “En los Presupuestos Generales del Estado que presentaremos antes del 31 de marzo, volveremos a hacer una reducción del gasto público”, afirmó el presidente. Las posibles nuevas medidas que se adoptarán ha sido otro de los asuntos que ha centrado la atención en esta sesión extraordinaria del Pleno del Congreso.

Este ha sido el caso del IVA. Montoro, al igual que hizo este martes Rajoy, ha rechazado una subida de este impuesto. Según el ministro, la subida de este tributo afecta a "las capas sociales más perjudicadas", así como subir impuestos a pymes y autónomos, que deben de ser el "motor" de la salida de la crisis. No obstante, entre el resto de formaciones aún asisten ciertas reticencias a creer esta declaración de principios. Nadie se olvida de que 10 días después de llegar al poder, Rajoy incumplió uno de sus principales compromisos: no subir impuestos.
Claro está, que la respuesta a esta medida "extraordinaria" está en la herencia del anterior Gobierno y el falseamiento del déficit público, o eso por lo menos no paran de decir los 'populares'. El último en unirse a esta cantinela ha sido el ministro de Hacienda. Ya debe de ser una realidad que el 8% de déficit público -cifra que confirmó Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al segundo Congreso de Ministros y que aseguró desconocer antes de su llegada al Gobierno-, ha agudizado el drama de los recortes. Si con un 6% de desviación, cifra dada por el Gobierno de Zapatero, Rajoy tenía previsto recortar en 16.500 millones, ahora, con dos puntos por encima de lo esperado, el recorte no podrá ser inferior a los 36.000 millones (aunque algunas fuentes gubernamentales ya apuntan a que el recorte podría llegar a los 40.000). Una cifra, en palabras del portavoz socialista, José Antonio Alonso, "imposible de cumplir sin provocar consecuencias nefastas".